El TC de Chile dio la razón a la ACCJ en contra de la petición de FIDEN de otorgar a los Municipios la potestad de licenciar establecimientos para que puedan operar máquinas tragamonedas en sus instalaciones, como si de un casino se tratase.
La Asociación Chilena de Casinos de Juegos sale victoriosa (por el momento) de una de las batallas relacionadas con los juegos de azar más sonadas del panorama nacional: el de la explotación de las máquinas tragamonedas. Así ha sido, tras confirmarse que el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos contra la Contraloría General de la República con respecto a la operación de máquinas tragamonedas.
Los responsables de FIDEN perseguían un claro objetivo: poner freno a las facultades de la Contraloría sobre los ayuntamientos, a los que podían exigir en cualquier momento que negaran la concesión o renovación de las licencias a los negocios que comerciaran con máquinas tragamonedas bajo la forma de aparatos de entretención.
La ACCJ apuntó a la ley 19.995 de la normativa chilena para justificar la resolución del TC. De acuerdo con este decreto, los únicos negocios en el país a los que se les permite explotar estos juegos de azar que usan dinero real son los casinos municipales o privados.
Estas salas de juego se encuentran en 17 comunas a lo largo de Chile y están reguladas por la Superintendencia de Casinos de juegos (SCJ). Uno de los aspectos con más relevancia en el asunto, es que todos los casinos pagan impuestos específicos al Estado y aportan al municipio y a la región en la que se encuentran un 20% de su recaudación mensual.
De acuerdo con la información aportada por la Superintendencia de Casinos de Juego y la Contraloría, se ha podido conocer que muchos locales recreativos que ´teóricamente´ solo pueden operar máquinas recreativas, poseen en sus instalaciones máquinas tragamonedas en las que se apuesta con dinero real.
En Chile se cierran casinos ilegales cada semana (Foto: soychile)
De esta forma, estas salas de juego pasan a convertirse automáticamente en casinos ilegales, que no están regulados bajo ninguna ley oficial y que tampoco pagan los correspondientes gravámenes nacionales, regionales o municipales.
Según los datos de la SCJ, existen más de 33 mil máquinas tragamonedas ilegales repartidas en de 1.300 salas de juego sin regular que se encuentran a disposición de cualquier usuario. Este aspecto resulta más grave si se tiene en cuenta que muchos de los clientes de dichos centros son menores de edad que tienen acceso además al alcohol y el tabaco que allí se vende.
Juan Carlos Manríquez, abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos se congratuló de la resolución del Tribunal Constitucional e instó a seguir con el control que desempeña la SCJ y la Contraloría sobre estos centros:
Este fallo ratifica que el órgano contralor tiene facultades para reiterar a los municipios que según la ley no pueden entregar patentes de juego electrónico cuando en realidad lo que se está practicando es juego de apuestas.
Para eso tienen que hacer inspecciones en sus comunas y cerciorarse que se les pruebe, al pedir patente, a través de pericias de universidades o instituciones reconocidas y fijadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos que no se trata de máquinas ilegales.
Para finalizar, la ACCJ recordó que no es la primera ocasión (ni probablemente sea la última) en la que los propietarios de estos casinos ilegales intentan cambiar la situación legal chilena. En dicha ocasión, fue la Corte Suprema la que respondió de la misma forma que el Tribunal Constitucional, imponiendo además a estos empresarios el pago de las costas.
