Más de un año ha pasado desde que se abriera el proceso de adjudicación de varios Casinos municipales chilenos y la situación sigue atascada a falta de que la Corte Suprema dictamine un fallo.
La adjudicación de los Casinos Municipales a sus nuevos gestores sigue su largo camino desde que esta historia comenzara allá por diciembre de 2015, cuando se suponía se abriría el concurso de licitación de estos centros. A pesar de esto, algunos retrasos organizativos pospusieron el inicio de la licitación a mayo de 2016. A esto se une que la resolución final se viene aplazando hasta la fecha tras la solicitud de los recursos de protección presentados por Marina del Sol y Enjoy ante la Corte Suprema de Chile, que dio el visto bueno a las órdenes de no innovar (ONI). De esta forma, la SCJ se vio forzada a detener el proceso a la espera de que la justicia resuelva los recursos.
Entendiendo el problema.
El principal inconveniente en el que se encuentran inmersos los Casinos Municipales, es que las actuales licencias caducan el 31 de diciembre de este año, por lo que, teóricamente, los centros se quedarían sin gestores el día 1 de enero de 2018. Para los operadores y la SCJ la situación es bien clara: va a ser imposible realizar un traspaso lógico y sencillo de las antiguas licencias municipales a las nuevas.
La solución de las operadoras.
Teniendo que encarar un contexto tan desfavorable, muchas de las operadoras implicadas han expuesto la que consideran la única opción viable: la redacción de una nueva Ley o Decreto especial que modifique los plazos de adjudicación, posibilitando que las actuales licencias se prorroguen en el tiempo en vez de expirar a finales de 2017. Se ha hablado incluso de que, en estas circunstancias, lo ideal sería extender los contratos con los actuales operadores hasta el 31 de diciembre de 2019, esto eso, dos años más tarde de la fecha de expiración.
Sala de Casino Enjoy Viña del Mar (Foto: Enjoy Casinos)
Sin embargo, otros actores del sector señalan que esto sentaría un precedente peligroso. Extender los contratos de algunas operadoras de forma arbitraria podría llevar a otras entidades gestoras a solicitar la extensión de sus propias licencias con argumentos lo suficientemente válidos como para que esto ocurra.
Además, parece ser que, a pesar de que la mayoría de operadores estaría de acuerdo con esta salida, el Gobierno no permitiría que esto sucediera. Según fuentes cercanas a los estamentos gubernamentales, los dirigentes no verían con buenos ojos ofrecer una ventaja de este tipo a la industria del juego y, menos aún, confirmar el error cometido en el proceso de licitación. A esto hay que sumar que la actual Ley arroja cierta luz al asunto en el siguiente párrafo:
La Ley de Casinos vigente establece, en el artículo 2° transitorio y en el artículo 3° transitorio, el plazo de caducidad para parte de la normativa aplicable a los casinos municipales, pero no se refiere en ningún caso a su operación.
La SCJ lo tiene claro.
Por su parte, la Superintendencia de Casinos de Juego ofrece una perspectiva basada en el sentido común: los actuales operadores seguirían gestionando las salas hasta la fecha en la que se resuelvan los nuevos administradores. Así lo exponen:
Resulta claro indicar que los casinos municipales podrán seguir operando en las condiciones convenidas con la municipalidad hasta la fecha que se dé inicio a la operación de los nuevos permisos otorgados por la Superintendencia, sin indicar una fecha límite para ello.
¿Qué es lo que puede pasar?
Bien, dependiendo de la resolución de la Corte Suprema, la situación tomará uno u otro camino. En ambos casos, todos los implicados consideran que para cualquiera que sea el operador que se haga con la licencia, será imposible gestionar de forma regular el funcionamiento del Casino a partir del uno de enero de 2018.
Si los juzgados chilenos determinan que no existen ningún tipo de irregularidades en las bases del concurso y que el planteamiento inicial es correcto, éstas quedarían tal y como se redactaron en un principio y se reiniciaría el proceso de adjudicación suspendido hace ya casi cuatro meses. Sin embargo, si la Corte considera que hubo ilegalidades en el contenido del escrito, éste deberá ser modificado acorde con la resolución del fallo y, entonces, el proceso comenzaría desde el principio.
Por último, la SCJ señala que únicamente tras la resolución de la Corte podrán determinar el camino a seguir, ya que dependiendo del fallo, las opciones serán de un tipo u otro. Habrá que esperar pues a que los magistrados tomen una decisión que, tanto los operadores como la SCJ, ya llevan bastante tiempo esperando.
